EL Perú ha entrado en una etapa peligrosa de oscurantismo. A la precarización de la educación, a la ruptura de las instituciones democráticas para el beneficio de los mercenarios políticos, al atentado contra los derechos de las mujeres, las niñas y las comunidades indígenas, ahora se ha sumado el desmantelamiento de lo poco que se había avanzado en las políticas culturales, como la ley del cine del 2019, que sustenta una serie de estímulos para impulsar una industria en crecimiento y profesionalización.
Este mes, la congresista Adriana Tudela ha presentado el proyecto de ley 05903-2023 que intenta modificar la ley anterior. Los argumentos de este proyecto no están basados en opiniones de quienes componen el tejido de la industria del cine nacional, la única opinión que existe es la del CEO de Casa Andina. Se excluye la promoción del cine en lenguas indígenas bajo el pretexto de que esto contradice el enfoque de trato igualitario en la inversión privada. Se afirma que el cine no es competitivo porque los estímulos fomentan el aislacionismo de las producciones fílmicas del país. Y enfatiza, que toda película filmada en el país debería ser autorizada por PROMPERU, como si el cine fuese un producto de promoción turística.
Este proyecto de ley no solo es un atentado contra el cine peruano, sino también representa el avance de una posición ideológica vinculada al conservadurismo y al liberalismo económico —extraño y contradictorio híbrido—, y que se encuentra en una cruzada contra todo aquello que signifique inclusión e igualdad. Que no nos extrañe que luego se apruebe un proyecto para que el MINCUL sea absorbido por el MINCETUR, como cada cierto tiempo algún advenedizo lo propone ante el congreso.
¿Después de esto, qué nos quedaría? ¿Un país como souvenir para usar y tirar?
Columna publicada en el diario Correo. 29 de septiembre del 2023.
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